La reforma al Código Penal busca proteger el patrimonio familiar y fortalecer las sanciones ante casos de despojo en el estado.
En una medida para reforzar la protección patrimonial de las familias, el Congreso de Nuevo León aprobó una importante reforma que incrementa las penas por delitos de despojo, alcanzando un máximo de ocho años de prisión. La modificación, que abarca los artículos 398 y 398 bis del Código Penal estatal, establece castigos más severos y multas de hasta 342 mil pesos, dependiendo del valor de la propiedad afectada. La actualización del marco legal también busca eliminar interpretaciones subjetivas en la aplicación de las penas, permitiendo una justicia más clara y eficaz.
Analizar los rangos de sanciones revela un enfoque diferenciador según el valor de los bienes afectados. Por ejemplo, viviendas cuyo valor no supera el millón 700 mil pesos serán sancionadas con penas de dos a siete años de prisión, complementadas con multas de aproximadamente 4,525 a 11,400 pesos. En casos de daños mayores, que oscilan entre casi dos millones y tres millones setecientos mil pesos, las penas aumentan hasta seis años y multas que podrían llegar a 256 mil pesos. La tipificación más severa contempla hasta ocho años de cárcel y multas millonarias para delitos graves.
El debate en la sesión resaltó que el despojo constituye un daño directo y tangible a las personas, afectando su seguridad y bienestar. Los legisladores enfatizaron que estas medidas constituyen un paso importante para fortalecer la protección legal de los propietarios y reducir la impunidad en estos delitos. La reforma representa un logro consolidado tras años de diálogo y propuestas por parte de diferentes bancadas, en un esfuerzo por garantizar mayor justicia y certeza jurídica a los afectados.
El incremento en las penas refleja una tendencia en el país para endurecer las sanciones contra delitos que vulneran los derechos de las personas a sus bienes, en un contexto de mayor prioridad por la seguridad y la justicia social en la región.