Las negociaciones entre el gobierno estatal y la oposición avanzan hacia un consenso sobre financiamiento, sin aumentar el Impuesto sobre Nóminas y con enfoque en infraestructura.
Las conversaciones entre el Gobierno de Nuevo León y las fuerzas de oposición en el Congreso estatal parecen estar llegando a un acuerdo importante en materia de financiamiento y presupuesto. Se estima que la oposición cederá en torno a 8,000 millones de pesos en financiamiento mediante una toma de deuda, con la posibilidad de ampliar a 10,000 millones para proyectos relacionados con Agua y Drenaje. Este acuerdo descarta incrementos en el Impuesto sobre Nóminas (ISN), una medida que generó rechazo en diversos sectores, y se centrará en redistribuir recursos del presupuesto de la administración central, incluyendo ajustes en dependencias autónomas y municipios de oposición.
El contexto político en Nuevo León es particularmente relevante dado que en años recientes, las negociaciones presupuestarias han estado marcadas por tensiones entre los diferentes poderes y organismos públicos. La estrategia de redistribución busca, además, garantizar la estabilidad en pagos pendientes y en proyectos clave, como la continuidad del órgano de transparencia INFO NL, cuya financiación para 2026 está en la mesa a cambio de reformas que contemplan su desaparición en 2027 o su transformación en un ente descentralizado dentro del Congreso.
Mientras tanto, Morena mantiene una posición de reserva en estas negociaciones, analizando si votar en contra o apoyar el acuerdo, en un escenario que podría consolidar una mayoría en el Congreso. Parte de la estrategia prevista es presentar una contrapropuesta a más tardar el 15 de diciembre, con la intención de aprobarla en fechas cercanas y evitar sesiones prolongadas que retrasen el proceso. La importancia de estos movimientos radica en cómo definirán la orientación del presupuesto del estado para el próximo año, en medio de las disputas políticas habituales en la entidad.
A nivel nacional, este escenario refleja las dinámicas de negociación presupuestaria que también se replican en otros estados, donde la colaboración entre distintos partidos y el equilibrio de intereses económicos y políticos resultan cruciales para garantizar un gasto eficiente y transparente.