La nueva medida busca sancionar a quienes incumplen obligaciones alimentarias, limitando derechos civiles y políticos en el estado.
En un esfuerzo por fortalecer las políticas de justicia familiar y proteger los derechos de las personas afectadas, la administración de Nuevo León anunció la implementación de un registro público de deudores alimentarios, denominado “Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias”. Este padrón será gestionado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y supervisado por el Poder Judicial del estado, con el objetivo de identificar y sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones de pensión alimenticia.
El nuevo mecanismo contempla penalizaciones que van desde dos hasta cinco años de prisión para quienes incumplan con sus obligaciones legales. Además, la inscripción en el padrón traerá consigo diversas restricciones, como la imposibilidad de tramitar o renovar licencias para conducir, contraer matrimonio civil, adoptar, aspirar a cargos públicos, participar en procesos de selección de jueces o formar parte de órganos gubernamentales.
Este avance se enmarca en una estrategia más amplia para combatir la violencia de género y promover la equidad, destacando la importancia de la protección de los derechos de las mujeres y menores en situaciones de vulnerabilidad. Históricamente, los esfuerzos para fortalecer la justicia familiar en la región han buscado reducir la impunidad en casos de incumplimiento de pensiones y promover la responsabilidad paterna en el cumplimiento de sus obligaciones.
El anuncio evidencia una firme intención del gobierno local de garantizar que las responsabilidades económicas en las relaciones familiares sean respetadas, reforzando además el compromiso de la justicia para promover un entorno más equitativo y seguro para todas las personas.