La iniciativa busca reforzar la lucha contra la corrupción y garantizar la integridad en la administración pública estatal y municipal. Una propuesta de reforma al artículo 59 de la Ley de Responsabilidades Administrativas en Nuevo León busca restringir que personas sancionadas por faltas administrativas puedan acceder o permanecer en cargos públicos en el Estado, municipios u órganos autónomos. La iniciativa, presentada por representantes de Morena, tiene como propósito fortalecer las políticas contra la corrupción y evitar prácticas que favorezcan la impunidad en la gestión pública local. La modificación contempla la implementación de mecanismos rigurosos de verificación en los procesos de contratación en la administración pública. Entre los cambios, se establece que los responsables de estos procesos deben documentar exhaustivamente la consulta y revisión de los registros nacionales y estatales para detectar inhabilitaciones o sanciones previas. La omisión de esta verificación o la presentación de información falsa será considerada una falta grave, con sanciones como la suspensión, destitución, multas e incluso inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, la reforma estipula que toda constancia de sanciones debe inscribirse en los sistemas correspondientes en un plazo máximo de 10 días hábiles, con el fin de mantener actualizada la información y prevenir que perfiles sancionados sean colocados en cargos públicos. La inobservancia de esta obligación también será considerada una falta grave, reforzando los mecanismos de control y transparencia en el servicio público. Este esfuerzo por mejorar los controles internos responde a la necesidad de fortalecer la integridad en la función pública, especialmente en un contexto donde la confianza ciudadana en las autoridades requiere mayor protección frente a prácticas que puedan facilitar la corrupción. La propuesta refleja un compromiso con la rendición de cuentas y la creación de un entorno administrativo más tra
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