Líderes de Morena en la entidad cuestionan la participación de fuerzas de seguridad en negociaciones presupuestarias, defendiendo al Congreso local.
La controversia en torno al proceso de aprobación del Presupuesto 2026 en Nuevo León ha escalado a niveles donde los dirigentes de Morena en la región expresan su desacuerdo con la participación de las autoridades de seguridad en las negociaciones. Aunque el gobierno estatal ha declarado que estas instancias avalan la propuesta financiera, líderes morenistas resaltan que dichas instituciones no tienen competencias para intervenir en la validación ni en la negociación del presupuesto, subrayando que corresponde al Congreso del estado determinar los recursos públicos.
El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, en su calidad de presidente de la Mesa Metropolitana, solicitó no politizar la discusión sobre los recursos del siguiente año. No obstante, también enfatizó que las negociaciones deben realizarse en el marco legal, sin involucrar a fuerzas de seguridad en procesos que, según su perspectiva, solo competen a los legisladores. Mijes añadió que la aprobación del presupuesto es una atribución exclusiva del Congreso, y que el uso político de mesas de diálogo donde participen autoridades de seguridad es impropio.
En un contexto de tensión política en el estado, militantes de Morena han manifestado públicamente su postura crítica hacia la estrategia del gobierno de Samuel García, quien impulsa un enfoque que algunos consideran influenciado por intereses externos a la estructura legislativa. La líder nacional de Morena, Luisa Alcalde, en ocasiones ha pedido a su bancada votar en contra del presupuesto, generando un ambiente de confrontación con sectores empresariales y políticos tradicionales en la entidad.
Asimismo, el senador Waldo Fernández reforzó que las decisiones respecto a la asignación presupuestal deben ser tomadas por los distintos poderes del estado, sin presiones ni intervenciones externas. La disputa refleja una tensión significativa en torno al control de los recursos públicos y el respeto por el marco institucional, en medio de una dinámica de confrontación y búsqueda de legitimidad política en la entidad.