El Congresista
Nuevo León

Monterrey ocupa el tercer lugar en fraudes inmobiliarios en México

Monterrey ocupa el tercer lugar en fraudes inmobiliarios en México, impulsando reformas para fortalecer la regulación de preventas y proteger a los compradores.

Por Redacción1 min de lectura
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La ciudad registra el 11% de los intentos de fraude en el país, mientras se impulsan reformas para proteger a los compradores en preventas.

Monterrey se ubica en el tercer puesto a nivel nacional en incidentes relacionados con fraudes en el sector inmobiliario, concentrando aproximadamente el 11 por ciento del total en México. Entre noviembre de 2024 y abril de 2025, se reportaron más de mil quinientos intentos de estafa en el país, con 158 en esta ciudad, situándose justo detrás de la Ciudad de México y Guadalajara, y superando a ciudades como Tijuana y Querétaro. Esta tendencia revela un problema en crecimiento, ya que en 2024 se documentaron cerca de 3,8 mil fraudes inmobiliarios en todo el territorio nacional, cifras que reflejan un aumento del 58 por ciento respecto al año anterior.

El impacto del fenómeno se refleja también en las quejas a instituciones de protección al consumidor, donde varias empresas inmobiliarias han acumulado denuncias por irregularidades. La problemática ha llevado a que el Congreso de Nuevo León prepare reformas legales oriented a regularizar las preventas de viviendas y departamentos, estableciendo que la comercialización de inmuebles en preventa corresponda al avance real de la construcción, con el fin de reducir las oportunidades de fraude. Además, se propone que dicha regulación incluya la obligatoriedad de una fianza que garantice la protección del comprador ante posibles incumplimientos.

Estas medidas, además de fortalecer los controles en la venta de preventas, buscan ofrecer mayor certeza y seguridad en un mercado que ha visto incrementos preocupantes en delitos relacionados con bienes raíces. Autoridades municipales en Monterrey y Escobedo respaldan la necesidad de regulaciones más estrictas, incluyendo controles sobre permisos y entregas de fraccionamientos, para evitar que los incumplimientos afecten a los ciudadanos y la economía local.

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