El exalcalde de San Pedro explica que el proceso busca excluirlo por logros en su administración y señala conflictos judiciales que motivaron la denuncia.
El pasado 29 de septiembre, las autoridades legislativas de Nuevo León iniciaron formalmente un procedimiento de juicio político contra Miguel Treviño de Hoyos, expresidente municipal de San Pedro Garza García, en un movimiento que él califica como poco usual en la política mexicana. La acción fue impulsada por una comisión del Congreso estatal, dirigida por la legisladora Armida Serrato, con base en una ley que permite tomar medidas contra funcionarios en ejercicio o en el primer año tras concluir su mandato.
Treviño sostiene que el proceso responde a una estrategia para marginarlo del ámbito público, argumentando que la motivación real son los resultados positivos que dejó en su gestión y las tensiones surgidas a raíz de un conflicto judicial. La causa parece estar relacionada con la gestión de un secretario de Desarrollo Urbano, cuya decisión de clausurar una construcción ilegal generó controversia entre magistrados y autoridades, llevándolo a ser acusado de desacato. La situación generó múltiples resoluciones contradictorias en el marco judicial.
Este escenario se enmarca en un contexto político más amplio, donde diferentes grupos buscan consolidar su influencia y cerrar espacios a gobernantes que han promovido cambios notables. La ley estableció que los procedimientos pueden avanzar en diferentes etapas, incluyendo revisión jurídica, audiencias y defensas. Si se determina la culpabilidad, las sanciones podrían abarcar desde inhabilitaciones de hasta 20 años para ocupar cargos públicos.
Es importante señalar que Treviño ha señalado que el proceso no es contra él personalmente, sino un reflejo de las disputas de poder y expresiones de incomodidad ante los logros en la administración. Para ello, ha llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre los intereses políticos que rodean la acción legislativa, en momentos donde la integridad institucional está en juego.
Este juicio político refleja las tensiones en la política local y compromete la estabilidad institucional en el estado, además de resaltar la importancia de salvaguardar los derechos de los funcionarios públicos frente a presiones o procedimientos injustificados.