La propuesta busca fortalecer la estructura legal y generar mayor certeza para atraer capital privado y potenciar el desarrollo industrial regional y nacional.
Con el objetivo de reactivar la inversión privada en México y fortalecer la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada, se plantea la creación de una Ley de Política Industrial que ajuste y aggiorne el marco jurídico vigente. Este esfuerzo surge en el marco del Dialogo Nacional sobre Inversión, Infraestructura y Servicios, promovido por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Nuevo León, donde representantes sectoriales analizaron posibles reformas legislativas para atraer nuevos proyectos de inversión a nivel local y nacional.
El impulso a esta legislación responde a la necesidad de establecer reglas claras y duraderas que brinden seguridad jurídica, elemento fundamental para el crecimiento del sector industrial. Un análisis del contexto económico revela que, aunque la inversión privada representa alrededor del 90% del total en infraestructura, la participación del sector público aún requiere mayor impulso para alcanzar metas específicas, como destinar cerca del 30% del Producto Interno Bruto a inversión en infraestructura para 2030.
Expertos en la materia coinciden en que una legislación especializada facilitaría la simplificación de trámites, fortalecería la confianza del inversor y promovería alianzas público-privadas efectivas. Además, la iniciativa buscaría potenciar esquemas financieros orientados a relocalización y nearshoring, estrategias clave para aprovechar las ventajas de México como destino de inversión extranjera.
Desde el ámbito local, autoridades municipales recalcan la importancia de establecer garantías y un entorno favorable. En municipios como Escobedo, se trabaja en reducir la tramitología y en definir claramente las zonas industriales, lo que genera mayor certeza para los inversores y evita conflictos con las comunidades residentes. La colaboración entre distintos niveles de gobierno y el sector privado es vista como un factor determinante para avanzar en estos objetivos.
La propuesta cuenta con respaldo de diversos actores del sector empresarial y político, quienes consideran que una ley específica puede marcar un parteaguas en el desarrollo industrial de México, en un contexto de plena apertura y confianza institucional.