La iniciativa propone aumentar las sanciones y fortalecer la coordinación interinstitucional para combatir este delito que afecta tanto la economía como la salud mental de las víctimas. La legislación en Nuevo León está en proceso de incluir reformas al Código Penal para tratar el secuestro virtual, también conocido como cibersecuestro, como un delito de carácter grave. La propuesta contempla elevar las penas de prisión de seis a diez años y establecer agravantes que refuercen la sanción para quienes cometan esta modalidad delictiva que, además de causar daños patrimoniales, genera impactos psicológicos profundos en las víctimas. Este delito, que ha registrado un incremento significativo en el estado en los últimos años, afecta especialmente a menores y adultos, quienes enfrentan tanto amenazas directas como una gran incertidumbre. Las cifras oficiales indican que en 2023 se reportaron 770 casos, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 845, aunque se estima que muchas incidencias permanecen sin denuncia debido a la falta de detección. La reforma busca no solo sancionar con mayor severidad, sino también mejorar las capacidades de las autoridades para recopilar datos, diseñar políticas preventivas y coordinar esfuerzos entre fiscalías, policía cibernética y proveedores de servicios de telecomunicaciones. El proyecto también propone fortalecer la infraestructura legal mediante la modificación de artículos existentes y la incorporación de nuevas disposiciones, con el objetivo de crear mecanismos más efectivos contra los ciberdelincuentes y reducir la impunidad en estos casos. La iniciativa surge en un contexto donde la ciberseguridad se vuelve central en la protección de los derechos y el bienestar de la población.
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