Un proyecto en la Suprema Corte busca reducir poderes en aspectos clave del gobierno estatal, tras controversias legales y en medio de cambios políticos internos. La Suprema Corte de Justicia de Nuevo León avanza en la revisión de un proyecto que, de aprobarse, modificaría significativamente las facultades del gobernador Samuel García en aspectos como la designación de fiscales, la aprobación del presupuesto y la remoción de funcionarios. La iniciativa deriva de una controversia legal impulsada por partidos de oposición en el Congreso local, quienes alegan omisiones en la publicación oficial de determinados decretos que reducen las competencias del ejecutivo estatal. Aunque se intentó impulsar un juicio de amparo, este fue fallido, y las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena presentaron acciones de inconstitucionalidad que también fueron rechazadas. Expertos consideran que el proceso refleja tensiones intensas en la política estatal, con especulaciones sobre posibles motivaciones internas relacionadas con cambios en el gabinete. La decisión final podría tener profundas implicaciones en la autonomía del ejecutivo local y en la estructura del poder en la región. La controversia también revela la importancia de los mecanismos legales y constitucionales en la distribución de poder en las administraciones estatales mexicanas. La Suprema Corte continúa analizando el proyecto, cuyo resultado será clave para definir los límites del gobierno en Nuevo León.
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