La Sección Instructora de San Lázaro informa sobre una nueva denuncia en contra del senador por Campeche
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados anunció que la Secretaría General ha notificado oficialmente la recepción de una nueva denuncia de la Fiscalía de Campeche contra el senador Alejandro Moreno. Esta denuncia corresponde a una solicitud de declaración de procedencia, que podría derivar en un proceso de desafuero en su contra.
Este nuevo requerimiento se suma a un conjunto de cinco denuncias previas interpuestas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Las acusaciones incluyen delitos como peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades. La acumulación de estos procesos refleja la gravedad de las acusaciones en contra del legislador por Campeche.
El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores Cervantes, informó que Alejandro Moreno será notificado formalmente sobre esta nueva solicitud de desafuero. Sin embargo, aclaró que el procedimiento formal comenzará únicamente una vez que se admita el expediente correspondiente en la instancia legislativa.
Flores Cervantes advirtió que, tras la notificación, se procederá con la revisión del expediente y la valoración de las pruebas, en cumplimiento con los procedimientos establecidos por la ley. La admisión del expediente marcará el inicio del proceso formal que podría culminar en la pérdida de la inmunidad parlamentaria del senador, si se determina que existen elementos suficientes para proceder en su contra.
Este proceso se desarrolla en un contexto de creciente escrutinio sobre la responsabilidad de los legisladores en casos de corrupción y posible impunidad. La Fiscalía de Campeche ha insistido en que las denuncias presentadas son fundadas y que cuentan con elementos probatorios sólidos que justifican la declaración de procedencia solicitada.
Hasta el momento, Alejandro Moreno no ha emitido declaraciones públicas respecto a las acusaciones ni al proceso en su contra. La resolución final sobre su desafuero dependerá del análisis de la Sección Instructora y del posible aval del pleno de la Cámara de Diputados.
Este proceso judicial y legislativo refleja la complejidad y la importancia de garantizar la transparencia y la legalidad en el ejercicio de los cargos públicos en México. La fiscalía y las instancias legislativas continúan trabajando para esclarecer los hechos y aplicar la justicia en caso de que se comprueben las irregularidades denunciadas.
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