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Nayarit

Localizan en el extranjero a exgobernador priista prófugo desde 2022

La Fiscalía de Nayarit ubica en el extranjero a Ney González Sánchez, exgobernador prófugo desde 2022, en medio de investigaciones por corrupción y fraude.

Por Redacción1 min de lectura
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La Fiscalía de Nayarit activó mecanismos internacionales para solicitar la extradición de Ney González Sánchez, buscado por delitos económicos relacionados con un megafraude en la Riviera Nayarita.

Después de varios años en fuga, las autoridades mexicanas lograron ubicar a Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit de 2005 a 2011, en un país de América del Norte. La localización inició los trámites para solicitar su extradición, en virtud de que su búsqueda responde a acusaciones por múltiples delitos del fuero común, entre ellos enriquecimiento ilícito, peculado y falsificación de documentos. Estos ilícitos se relacionan con un esquema de corrupción que perjudicó las finanzas públicas del estado y organizaciones como el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).

Este caso forma parte de un contexto más amplio donde las autoridades mexicanas han evidenciado un patrón de corrupción en la gestión del desarrollo turístico en la región. Durante el mandato de González Sánchez y que presuntamente continuó en la administración de su sucesor Roberto Sandoval Castañeda, fueron cometidos delitos que involucraron la venta ilícita de terrenos costeros de alto valor económico. La estrategia consistió en enajenar estos bienes mediante contratos simulados a precios bajos, apropiándose de bienes con un valor de mercado en miles de millones de pesos. La cooperación internacional se activó tras la petición de solicitar que los delitos sean considerados equivalentes en ambas jurisdicciones, para avanzar en el proceso de extradición.

La relevancia de esta operación no solo radica en la captura del exfuncionario, sino en dar continuidad a la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito que han marcado la historia política reciente en el estado. Tales acciones refuerzan la importancia de la colaboración internacional para luchar contra la impunidad en casos de delitos económicos y de activos públicos, además de enviar un mensaje claro sobre la persecución de acciones que afectan el patrimonio nacional.

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