Un reportaje internacional revela cómo el crimen organizado impone su ley en Michoacán, poniendo en peligro la gobernabilidad y la seguridad ciudadana. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre pasado, evidencia la grave crisis de seguridad que vive Michoacán, donde el narcotráfico y los cárteles mantienen un dominio casi total sobre la región. Los hechos ocurren en un contexto de violencia sistemática, amenazas constantes y una presencia criminal que desafía la autoridad estatal. Un reciente reportaje internacional dio a conocer la magnitud de esta problemática, retratando a Uruapan como un territorio donde la ley la dictan los grupos criminales, en contraposición a un Estado que se muestra incapaz de hacer frente a estas bandas. Durante una semana de filmación, el medio francés LCI documentó cómo gran parte de la población vive en el miedo y la desconfianza hacia las instituciones, en una ciudad que reportó hasta 16 asesinatos en una semana. La influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación se extiende sobre sectores económicos clave, en particular la industria del aguacate, principal motor económico local. La extorsión, secuestros y desapariciones se han normalizado, con cifras alarmantes que indican entre tres y cuatro casos diarios en el municipio. El papel del alcalde también refleja la complejidad del problema. Carlos Manzo, quien asumió el cargo seis meses antes, intentó sin éxito fortalecer la seguridad local. Con un estilo firme, encabezaba operativos y mostraba los avances en la lucha contra el crimen, aunque estos esfuerzos no lograron frenar la presencia y control de los grupos armados. Además, enfrentó críticas por reprimir protestas y utilizar fuerzas policiales en manifestaciones, justificando sus acciones como necesarias para mantener el orden público. Diversas voces describen a Michoacán como un territorio sin un Estado fuerte, donde los cárteles imponen su voluntad y en comunidades como San Ángel, integrantes de la población
Miércoles, 13 de mayo de 2026
