Organizaciones humanitarias advierten que el conflicto y la inseguridad dificultan la atención médica en varias regiones del país, afectando principalmente a comunidades vulnerables.
La inseguridad generada por el crimen organizado en México ha obstaculizado significativamente la prestación de servicios médicos en diversas zonas del territorio nacional. La violencia y las amenazas han llevado al cierre de algunos centros de salud, mientras que el desplazamiento del personal médico y la dificultad para que los pacientes accedan a las instalaciones han agravado la crisis sanitaria en regiones vulnerables. La falta de acceso a medicamentos para enfermedades crónicas y a servicios esenciales, como atención durante el embarazo, representa un riesgo creciente para las comunidades afectadas.
Además, en los últimos años, organizaciones humanitarias han trabajado en colaboración con las autoridades locales para atender estas problemáticas, estableciendo protocolos de seguridad y canales de comunicación con la comunidad. La coordinación entre instituciones públicas y ONG ha sido crucial para mejorar la presencia en zonas de alta vulnerabilidad, especialmente en contextos de desastres naturales o desplazamientos forzados, como los ocurridos tras terremotos, inundaciones y conflictos armados.
Desde 2008, Médicos Sin Fronteras ha desarrollado una labor constante en diferentes estados del país, atendiendo necesidades de salud en contextos de violencia, emergencias naturales y pobreza estructural. La organización destaca que fenómenos como el cambio climático y las deportaciones masivas incrementan la vulnerabilidad social, complicando aún más la gestión de una crisis humanitaria que, en muchos casos, permanece invisibilizada. La prioridad sigue siendo identificar las comunidades en mayor riesgo y fortalecer la colaboración multisectorial para garantizar el acceso universal a la salud y la atención mental en todo el país.
