Armando Constantino Toledo, exsecretario de Gobierno, estaría asociado a un empresario en una empresa vinculada a casos de corrupción y actividades ilícitas.
Recientes investigaciones apuntan a que Armando Constantino Toledo, quien fue secretario de Gobierno en Campeche durante el gobierno estatal más reciente, mantiene una relación empresarial con un empresario mexicano investigado por las autoridades estadounidenses por presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex). Específicamente, Toledo sería socio de la firma Penta Financial, S.A.P.I. de C.V., una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, en la que participa Mario Alberto Ávila Lizárraga, un ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y exfuncionario de Pemex, vinculado a casos de corrupción en el pasado.
Ávila Lizárraga desempeñó cargos en la estatal petrolera y fue sancionado por su implicación en el escándalo de Oceanografía. En su participación en la empresa Penta Financial, le atribuyen funciones de tesorero en el consejo, mientras que Toledo ocupa el cargo de presidente, con facultades legales para representar la firma en asuntos legales y administrativos. Estas conexiones adquieren relevancia en el contexto de investigaciones sobre complicidades y financiamiento ilegal en el sector energético.
El exsecretario de Campeche asumió el cargo en octubre de 2023 y renunció en enero de 2024 por motivos personales. Anteriormente, estuvo implicado en videos filtrados en que se muestra a personas cercanas a la gobernadora Layda Sansores recibiendo dinero en efectivo en oficinas gubernamentales, hechos que ocurrieron en el marco de las campañas electorales estatales de 2021. Aunque no ha declarado respecto al destino de esos fondos, este episodio ha contribuido a la percepción de posibles vínculos con prácticas de financiamiento irregular.
Estos acontecimientos se inscriben en un contexto de mayor fiscalización en las funciones públicas y en las investigaciones internacionales sobre financiamiento ilícito en México, especialmente en el sector energético, marcado por acusaciones contra empresarios y funcionarios. La relación entre funcionarios y empresarios vinculados a casos de corrupción sigue siendo un foco de interés y preocupación en la lucha contra la impunidad.