Mujeres ofrecen gestar por encargo en grupos de redes sociales ante un vacío legal que genera riesgos y vulnerabilidades.
En México, la gestación por sustitución se ha establecido como una opción cada vez más popular en plataformas digitales, aunque carece de un marco normativo federal que garantice seguridad y derechos. Mujeres interesadas en ofrecer sus servicios en grupos de redes sociales ofrecen honorarios que oscilan entre 200 mil y 420 mil pesos, sin que existan registros oficiales que cuantifiquen la cantidad de procedimientos realizados anualmente. La ausencia de regulación ha llevado a que muchas de estas prácticas se desarrollen en la clandestinidad, poniendo en riesgo tanto a gestantes como a las familias receptoras.
El mercado, impulsado por agencias y plataformas digitales, involucra procesos que incluyen estudios médicos y psicológicos, pero sin supervisión ni control uniforme. La legislación solo permite regularlo en algunos estados, como Tabasco y Sinaloa, que han reformado sus leyes para admitir contratos, aunque con limitaciones. Expertos advierten que la falta de una normativa clara fomenta abusos, engaños y la vulnerabilidad de las mujeres que participan. La figura de la gestación por sustitución en México se ubica en un escenario legal ambiguo, en el que la protección de derechos permanece pendiente de una regulación integral a nivel nacional.
La existencia de un mercado creciente en redes sociales refleja la demanda de familias nacionales y extranjeras, así como la creciente participación de mujeres que ofrecen sus cuerpos como medio de ayuda y respaldo económico. Sin embargo, también revela un panorama de riesgos y desigualdades que demanda atención urgente de las autoridades y la creación de marcos legales sólidos que protejan a todas las partes involucradas.