Los vicepresidentes de Castilla y León, Aragón y Extremadura no asistirán a una reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia programada para este miércoles. Esta decisión es una protesta contra la nueva política del Gobierno de Pedro Sánchez relacionada con el reparto de menores extranjeros no acompañados, conocido como menas.
Datos clave
- Cuándo: 18 de octubre de 2023
- Dónde: Castilla y León, Aragón y Extremadura
- Quién: Carlos Pollán (Castilla y León), Alejandro Nolasco (Aragón), Óscar Fernández (Extremadura)
- Qué: Protesta por la imposición de criterios en el reparto de menas
- Monto: 35 millones de euros destinados a la atención de menores en 2026
Los tres vicepresidentes, pertenecientes al partido Vox, critican la actuación del Gobierno central por actuar de manera unilateral. Aseguran que la distribución de menores se impone sin considerar la capacidad real de los sistemas de protección en sus comunidades. Esta medida incluye la propuesta de distribución de fondos para 2026, que, según ellos, no es más que un intento de financiar una política migratoria ineficaz.
Además, rechazan el real decreto que establece el reparto obligatorio de menas, argumentando que se basa en criterios políticos y distantes a la realidad que enfrentan las comunidades autónomas. Los responsables sostienen que sus sistemas de protección están ya superados y que cualquier incremento en la asignación de menores solo intensificará la presión sobre estos recursos.
¿Cuáles son las críticas hacia el Gobierno?
Las críticas se centran en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en el tema migratorio. Los vicepresidentes consideran que el enfoque actual fomenta el efecto llamada y se aleja de la necesidad de controlar las fronteras. Argumentan que la forma en que se ha concebido esta política no responde a la realidad de las comunidades autónomas, lo que pone en riesgo la gestión adecuada de los menores en sus territorios.
¿Qué acciones planean tomar?
En respuesta a esta situación, los vicepresidentes anunciaron que emplearán todos los recursos legales necesarios para oponerse a la decisión del Gobierno. Buscan defender la autonomía de sus regiones y exigir un enfoque migratorio más realista que contemple el bienestar de los menores y la capacidad de acogida de cada comunidad.
Los departamentos de Vox han dejado claro que no participarán en decisiones que consideren legítimas de un Gobierno cuya política en este ámbito critican abiertamente.
Con información de abc.es