Autoridades judiciales dictaron prisión preventiva y concluyen investigación contra oficial naval por su presunta participación en red criminal dedicada al comercio ilícito de hidrocarburos.
En una audiencia realizada en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, un vicealmirante fue sometido a proceso judicial por presuntos vínculos con actividades delictivas vinculadas al huachicol fiscal. La sesión, iniciada en la mañana del lunes 8 de septiembre, se extendió durante la madrugada del día siguiente. Las autoridades judiciales determinaron una medida de prisión preventiva justificada y otorgaron un plazo de seis meses para que la Fiscalía General de la República lleve a cabo investigaciones complementarias.
Este mandato se fundamenta en la presunción de que el militar desempeñaba funciones de liderazgo dentro de una estructura delictiva especializada en el tráfico ilícito de hidrocarburos, específicamente en el envío de combustibles supuestamente clasificados como aditivos, pero en realidad era diesel, lo cual generó pérdidas económicas para el Estado. La pesquisa señala que dicha red tiene presencia en varias regiones del país, incluyendo Tamaulipas, Colima, Sinaloa y la Ciudad de México, y que operaba con fuerte influencia económica, infiltrando instituciones aduaneras y contando con la participación de miembros civiles y militares.
Por su parte, la defensa del acusado argumentó que no existen pruebas concluyentes que puedan vincular al vicealmirante con una organización criminal, y solicitó que se revisen las evidencias presentadas.
El caso refleja los esfuerzos del sistema judicial por desmantelar redes delictivas que lucran con hidrocarburos, un problema que ha tenido impacto en la economía nacional y que evidencia la corrupción en distintos niveles de las instituciones de seguridad y administración pública.