La administración del Gobierno argentino ha puesto en marcha un plan para comercializar terrenos ferroviarios que han sido desafectados de su uso, buscando así aumentar los ingresos estatales. Estos terrenos incluyen grandes extensiones en provincias como Buenos Aires y La Pampa, con áreas que van desde 43.000 hasta 115.000 metros cuadrados.
Varios de estos predios han estado bajo concesión de empresas operadoras de carga, que han visto prorrogados sus contratos en el pasado. Sin embargo, el cambio de gestión ha llevado al anuncio de nuevas subastas, que se suman a los lotes ya disponibles que incluyen terrenos en localidades como Tigre y Ministro Carranza.
La reciente iniciativa de venta de tierras ha generado controversia. Históricamente, las ventas de terrenos se justificaban por proyectos de desarrollo urbano o infraestructura; no obstante, el enfoque actual parece centrarse únicamente en la necesidad de reducir activos estatales y recaudar fondos inmediatos, dejando de lado la rentabilidad social de esos espacios.
Desde la gestión anterior de Mauricio Macri, donde se remataron terrenos emblemáticos, se ha señalado que estas acciones no siempre fueron transparentes. La Auditoría General de la Nación cuestionó anteriormente esas prácticas por irregularidades de valuación y venta por debajo del precio de mercado.
La actual administración enfrenta críticas por no presentar un esquema que compense adecuadamente las pérdidas que podría acarrear la venta de estos activos. A medida que se establece un enfoque más rígido sobre el ajuste fiscal, la política de desinversión en terrenos parece alejarse de la búsqueda de soluciones a largo plazo en favor de una solución inmediata que podría desestabilizar aún más el uso del patrimonio estatal.
Con información de urgente24.com