Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado que la creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, asignado a David Sánchez, no respondía a una necesidad del área de Cultura, sino a decisiones políticas de niveles superiores. Según los testimonios, la iniciativa surgió de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz.
Un agente involucrado en la investigación afirmó que el proceso de asignación del puesto no se originó en el departamento correspondiente. Esto sugiere que la decisión fue orquestada desde esferas más elevadas. La UCO trabaja en la recopilación de correos electrónicos que muestran la falta de continuidad en las discusiones sobre esta contratación, lo que genera dudas sobre su legitimidad.
María Jesús Bernáldez Adame, jefa del Negociado de Control e Inspección, testificó que desde la contratación de David Sánchez en 2017 hasta su dimisión, no se recibieron quejas sobre su desempeño laboral. Además, explicó que el personal directivo no está sometido a control horario, lo que plantea interrogantes sobre el sistema de supervisión dentro de la institución.
El testimonio de Bernáldez también destacó que su rol se centra en el control del personal que sí registra horario, mientras que su departamento no evalúa el rendimiento diario de los directivos. David Sánchez, quien ha estado bajo la mira por su vinculación política, comparecerá ante el tribunal luego de que deposite su testimonio el expresidente Miguel Ángel Gallardo.
Este juicio no solo pone a la vista el proceso de contratación dentro de la Diputación de Badajoz, sino que también reabre el debate sobre la influencia de la política en el empleo público y la transparencia de las instituciones gubernamentales.
Con información de canalsur.es