Washington, D.C. - El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema autorización para reanudar la construcción de un muro en el parque nacional Big Bend, un proyecto que abarca 800 kilómetros de frontera con México. La ejecución del plan había quedado suspendida debido a una decisión judicial, provocando la intervención del Departamento de Justicia.
El costo del proyecto se estima en 1,700 millones de dólares e incluye no solo la barrera, sino también infraestructura adicional como carreteras, cámaras y sensores. Las autoridades argumentan que estas medidas buscan combatir la migración irregular y el tráfico de drogas en una de las zonas más vulnerables de la frontera.
Big Bend National Park se extiende por más de 324,000 hectáreas e incluye ecosistemas, especies amenazadas y sitios arqueológicos, lo que ha generado una fuerte oposición de organizaciones conservacionistas. Estas entidades han denunciado que la administración anterior de Trump ignoró diversas leyes ambientales para agilizar la construcción del muro, lo que desencadenó una demanda judicial en su contra.
El entonces secretario de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la decisión de eludir regulaciones, alegando una “necesidad aguda e inmediata” ante el incremento de la migración irregular. La política migratoria de Trump ha priorizado la edificación de muros y otras barreras en la frontera sur, una estrategia que se espera sea nuevamente impulsada a partir de enero de 2025 con su posible regreso a la Casa Blanca.
La Corte Suprema ahora deberá decidir si permite la reanudación de la construcción del muro en Big Bend, un asunto que ha captado la atención de grupos ambientalistas y de derechos humanos.
Con información de radiomitre.cienradios.com