Madrid, España. - El Tribunal Supremo ha decidido suspender el derecho al voto de 408,262 nacionalizados bajo la ley de nietos, lo que ha reavivado las acusaciones de pucherazo electoral por parte de partidos de oposición como el Partido Popular (PP) y Vox. Esta medida se basa en el aumento del censo de votantes en el extranjero, que ha generado inquietudes sobre una posible alteración en los resultados de futuras elecciones.
Los cinco magistrados que tomaron la decisión argumentan que existe un "peligro fundado, real y serio" ante el "incremento extraordinario" del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que ha crecido notablemente en los últimos años. Hasta el 31 de mayo, un total de 333,696 nacionalizados habían sido inscritos en el censo, y otros 238,065 habían solicitado hacerlo.
El alto tribunal se apoyó en datos proporcionados por Iustitia Europa, que eleva la cifra de nuevos censados desde las elecciones generales de 2023 hasta julio de 2026. En su argumentación, el tribunal refleja una preocupación por la transparencia electoral y la confianza de la ciudadanía, alegando que la medida es necesaria para evitar un censo electoral "fuera de control".
La decisión del Supremo también fortalece la narrativa del PP, que en julio lanzó una ofensiva contra la ley de nietos, acusando al gobierno de "fabricar nuevos votantes". La situación se complica con las declaraciones de partidos de derecha que, en diversas plataformas, han sugerido que el gobierno actual busca alterar el proceso democrático en su beneficio.
La magistrada Alicia Millán fue la única de la sala que se opuso a esta medida, argumentando que se debería proteger el derecho de los nacionalizados a participar en los procesos electorales. La controversia aumenta en un contexto donde los rumores de fraude electoral se han intensificado, impulsados por la retórica de partidos como Vox y sus propuestas sobre la regulación del voto por correo.
Próximamente, se espera que la oposición continúe presionando sobre este tema mientras se evalúan nuevas medidas legislativas que podrían impactar el derecho al voto de los ciudadanos nacionalizados.
Con información de elpais.com