Un tribunal federal de apelaciones autorizó a la administración de Donald Trump a implementar una versión ampliada de las deportaciones aceleradas, lo que permite expulsar a ciertos inmigrantes irregulares sin necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración.
Datos clave
- Cuándo: 23 de junio de 2026
- Dónde: Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC
- Quienes: Administración de Donald Trump, Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
- Qué: Autorización para expandir deportaciones rápidas
- Afectados: Inmigrantes irregulares sin evidencia de presencia continua de dos años
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC revocó una orden previa y permite al DHS aplicar este procedimiento a inmigrantes que no hayan demostrado haber residido de manera continua en Estados Unidos durante al menos dos años. Este mecanismo, anteriormente limitado a individuos detenidos cerca de la frontera, podrá ahora ser utilizado en todo el país.
Los miembros del tribunal concluyeron que el Congreso otorgó al gobierno la autoridad para aplicar este enfoque. El juez Justin Walker, quien redactó la opinión mayoritaria, indicó que, aunque se envían notificaciones a los inmigrantes sobre el proceso, todavía tienen la oportunidad de demostrar su presencia en el país.
¿Qué cambia con el fallo?
El fallo expande considerablemente la capacidad del gobierno para utilizar deportaciones aceleradas sin pasar por los tribunales de inmigración. Esto genera preocupación entre organismos de derechos humanos que consideran que esta medida podría aumentar el riesgo de errores judiciales y malentendidos en los procedimientos de deportación.
¿A quién afecta esta medida?
La implementación de la decisión podría impactar a un número significativo de inmigrantes en Estados Unidos. Grupos proinmigrantes han criticado la medida, advirtiendo que puede despojar a muchos de sus protecciones legales. Según Anand Balakrishnan, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), esto podría llevar a un sistema propenso a errores graves en los casos de deportación.
A pesar de las críticas, James Percival, asesor jurídico del DHS, celebró el fallo, afirmando que resulta en una “reivindicación” de la postura del gobierno. La controversia generada por este desarrollo subraya las tensiones entre las políticas de inmigración de la administración Trump y las garantías legales de los inmigrantes en el país.
Con esta autorización, se prevé que el DHS implemente las nuevas directrices de inmediato.
Con información de laopinion.com