Transportistas y campesinos mantienen diálogo con la Secretaría de Gobernación en busca de soluciones a problemas de seguridad, trámites y extorsiones, advirtiendo posibles movilizaciones si no hay avances.
En un esfuerzo por resolver sus principales demandas, grupos de transportistas y campesinos se reunieron recientemente con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, enfocándose en aspectos relacionados con la seguridad carretera, la simplificación de trámites administrativos y la erradicación de prácticas corruptas en diferentes procesos. La reunión surge como parte de una serie de acciones coordinadas, dado que ambos sectores han expresado preocupación por la continuidad de extorsiones y obstáculos burocráticos que afectan sus actividades diarias.
Este encuentro se enmarca en un contexto donde las organizaciones sociales han incrementado su presión mediante bloqueos y manifestaciones, denunciando que las autoridades han intentado minimizar sus reivindicaciones mediante narrativas que cuestionan la legitimidad de sus movilizaciones. En particular, se puntualizó en la problemática de la licencia de conducir digital, la cual, afirman, debería ser plastificada para evitar pretextos de extorsión, así como en los largos tiempos y costos asociados a la obtención del certificado médico obligatorio para conductores, situación que denuncian como una forma de corrupción.
La colaboración entre estos sectores evidencia un interés conjunto en mejorar las condiciones del sector, no solo en términos de seguridad y trámites, sino también en la calidad de las carreteras y en la reducción de accidentes relacionados con el mal estado de las vías. Sin embargo, advierten que si los acuerdos no avanzan, pueden intensificar sus movilizaciones, incluyendo nuevos bloqueos y protestas masivas. A pesar de las tensiones, los representantes expresaron su voluntad de dialogar y lograr cambios que beneficien a ambas comunidades, reiterando su compromiso de mantenerse unidos en sus reclamaciones.
La situación refleja el profundo vínculo entre seguridad, economía local y bienestar social, recordando que el diálogo y la transparencia son clave para resolver conflictos que afectan sectores estratégicos del país.