Un exfuncionario de aduanas conocido como ‘Santo’ aporta detalles que involucran a altos mandos navales y muestran vínculos con el crimen organizado en el comercio ilegal de hidrocarburos.
En una investigación reciente, un exfuncionario de aduanas, identificado como Alejandro Torres Joaquín y conocido como ‘Santo’, emergió como un testigo protegido que aporta información crucial sobre una red de comercio ilícito de combustibles en México. Según sus declaraciones, esta organización operaba en puertos clave del país durante 2020 y 2021, con vínculos estrechos con actores militares y empresarios relacionados con el contrabando de hidrocarburos.
La red fue liderada por familiares del exjefe naval Rafael Ojeda Durán, quienes supuestamente sobornaban funcionarios de aduanas para facilitar la descarga y distribución ilegal de diésel y gasolina. Tras el aseguramiento de un buque con millones de litros en un operativo en 2024, Torres eligió colaborar con las autoridades tras recibir amenazas que pusieron en riesgo a su familia. En su declaración, reveló cómo fue promovido de puesto en 2022 y 2023, alcanzando cargos en la autoridad aduanera con apoyo de intermediarios ligados a la estructura del crimen.
El testimonio también señala a individuos con conexiones políticas, incluyendo a un empresario cercano a una figura poderosa en la política mexicana, relacionado con el senador Adán Augusto López. El colaborador mencionó alertas de un almirante del puerto de Tampico sobre la cercanía de ciertos actores con actividades delictivas y su contacto con personajes con vínculos con organizaciones criminales. Estas revelaciones reflejan la compleja interacción entre el sector naval, autoridades aduaneras y el crimen organizado en el tráfico ilegal de combustibles, un problema que ha suscitado debate en el contexto de las políticas de seguridad nacional y corrupción.
Para contextualizar, el contrabando de hidrocarburos representa una de las actividades ilícitas más lucrativas en México, afectando la economía, la seguridad y la disponibilidad de recursos en el país. La colaboración de exfuncionarios y personas en cargos públicos en estas operaciones revela la necesidad de reforzar controles y de investigar profundamente los vínculos entre criminalidad y estructuras oficiales.