Washington D.C., EE.UU. - El gobierno de Donald Trump se encuentra en la fase final de una política que podría poner fin el próximo 9 de septiembre al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 170,000 salvadoreños. Esta acción privaría a inmigrantes establecidos desde hace más de dos décadas de su permiso de trabajo y protección contra la deportación.
Los beneficiarios del TPS son ahora un objetivo potencial del gobierno estadounidense, que busca deslegalizar a tantos inmigrantes como sea posible. La decisión sobre la extensión del TPS aún no ha sido anunciada, pero se anticipa que muchos salvadoreños perderán su estatus migratorio, haciéndolos vulnerables a detenciones y deportaciones.
Ante la presión de las cifras, los activistas han solicitado la intervención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que medie con Trump. Este programa es vital, pues salvadoreños aportan anualmente más de 5,400 millones de dólares a la economía estadounidense y envían remesas que constituyen cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador. Un reporte indica que cerca del 20% de los salvadoreños que envían remesas tienen TPS, lo que representa un envío de unos 600 millones de dólares anuales.
“Los beneficiarios salvadoreños del TPS son esenciales en la fuerza laboral de sectores clave como la construcción y la manufactura”, destacó un análisis de FWD.us. Si se extingue el TPS, los cambios económicos en Estados Unidos también tendrán un impacto notable en El Salvador.
El fin del TPS no resulta en la deportación automática de los beneficiarios, quienes buscarán alternativas para permanecer legalmente en el país. No obstante, la reciente postura de Trump genera preocupación acerca del futuro de miles de inmigrantes y sus contribuciones a la economía.
Con información de laopinion.com