El reciente incremento en los precios internacionales del petróleo ha generado una serie de repercusiones económicas a nivel global. Potencias como Estados Unidos y la Unión Europea han visto aumentos significativos en el costo de la gasolina y el gasóleo, mientras que en el país los precios apenas han variado. Este hecho ha suscitado una reflexión sobre el sostenimiento de los subsidios gubernamentales.
Mientras que en Estados Unidos el precio de la gasolina ha aumentado un 48.9% y en Europa un 56%, aquí el costo de la gasolina regular ha subido tan solo un 11%, y el diésel un 13%. Esto se debe a un importante incremento en el subsidio del Gobierno, que ha aumentado trece veces desde el inicio del conflicto bélico en la región. La pregunta es: ¿cómo se está financiando este auxilio?
El Gobierno ha gestionado un préstamo por 200 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento para aliviar sus presupuestos y cubrir los costos de los subsidios, así como el aumento en el precio de la electricidad. Esta estrategia genera incertidumbre, ya que el país se está endeudando en moneda extranjera, lo que podría repercutir en las próximas generaciones y limitar futuras inversiones públicas.
Es evidente que mantener precios bajos en la energía podría repercutir en la economía. Con una inflación ya establecida en 5.1%, por encima del objetivo del 4%, el Gobierno opta por no transferir el costo a los consumidores, aunque esto ameace el crecimiento proyectado del 3.8% y la generación de empleos. La presión fiscal aumentará si los precios no se ajustan a la realidad.
Mientras otros países consideran restricciones a las exportaciones de combustibles para controlar precios, México podría enfrentar la necesidad de explorar alternativas energéticas. Un cambio en la política de subsidios parece inminente, y la interrogante persiste: ¿hasta cuándo se podrá mantener este esquema sin un impacto severo en la economía?
Con información de hoy.com.do