La reciente reforma del sistema de pensiones mexicana introduce nuevas garantías, pero genera preocupaciones sobre su financiamiento a largo plazo debido a mecanismos inciertos y dependientes de recursos no permanentes. El sistema de pensiones en México ha adoptado cambios sustanciales en los últimos años, que buscan mejorar las condiciones de jubilación para los trabajadores. Sin embargo, estas reformas han abierto debates sobre su sostenibilidad financiera, especialmente en un contexto donde la contribución obligatoria efectiva todavía se sitúa en niveles bajos, representando poco más del 8% en promedio. La incorporación de beneficios garantizados y la determinación de una pensión universal para mayores de 65 años buscan ofrecer mayor protección, pero también generan riesgos estructurales. La introducción de un complemento sustancial financiado a través de fondos y recursos no recurrentes, como cuentas no reclamadas y transferencias únicas, plantea preguntas sobre la durabilidad del esquema. La dependencia de estos mecanismos temporales puede poner en jaque la capacidad del sistema para mantener sus promesas a largo plazo, especialmente cuando los beneficios se establecen sin vinculación directa con las contribuciones individuales. Desde una perspectiva histórica, México ha enfrentado desafíos en la cobertura de pensiones y en cerrar brechas de inequidad, particularmente en cuanto a género. La ampliación de cobertura a trabajadores de plataformas digitales y programas específicos para mujeres apunta a avanzar en la inclusión, aunque aún persisten brechas significativas. La reciente incorporación a la Constitución de una edad de acceso de 65 años y cláusulas de financiamiento garantizado refuerzan la intención de protección universal, pero sin un mecanismo de financiamiento sustentable, estos avances podrían estar cimentando un sistema vulnerable a futuro. El análisis financiero y social de estos cambios revela que, si bien la intención es ofrecer una protección so
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