La propuesta de la presidenta para fortalecer el control del agua enfrenta oposición social, provocando manifestaciones y bloqueos en varias regiones.
La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene su postura firme frente a la reciente modificación a la Ley Nacional del Agua, diseñada para devolver la gestión del recurso a manos del Estado y garantizar su acceso como derecho humano. La iniciativa busca prohibir que el agua sea considerada un bien comercial, evitando transferencias de concesiones privadas sin autorización y promoviendo un uso sostenible y responsable mediante la reutilización y una gestión compartida entre autoridades y usuarios. Además, respeta la autonomía de los distritos de riego, reforzando la protección de los derechos agrícolas, y fortalece las sanciones por uso indebido del recurso, sin criminalizar a los usuarios.
Este cambio legal surge en un contexto donde la Comisión Nacional del Agua ha detectado inconsistencias en bases de datos y un volumen considerable de solicitudes pendientes, lo que ha motivado revisiones exhaustivas y sanciones que pueden alcanzar hasta 50,000 UMAs en multas. La iniciativa también apunta a optimizar las funciones de Conagua, fortaleciendo su papel técnico e institucional sin eliminarla. La oposición social se ha traducido en bloqueos y manifestaciones, en respuesta a sectores que consideran que la reforma podría afectar intereses privados y económicos. La administración asegura que estas acciones no tendrán consecuencias negativas para los empresarios siempre que cumplan con las nuevas regulaciones, promoviendo una gestión más justa y sustentable del agua en el país.