La medida busca reducir beneficios fiscales a bancos por aportaciones al IPAB, alineándose con la estrategia del gobierno para fortalecer ingresos sin elevar impuestos directos.
En el marco del paquete presupuestal para 2026, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum planea eliminar la deducción de impuestos que actualmente disfrutan los bancos por sus aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Esta decisión impacta directamente en una deducción fiscal que, en el presente, permite a los bancos reducir sus cargas tributarias en aproximadamente 10 mil millones de pesos anualmente.
Para entender el contexto, es importante recordar que la creación del Fobaproa convirtió en deuda pública los créditos adquiridos por los bancos durante la crisis financiera de 1995. Posteriormente, dicho pasivo fue transferido al IPAB, órgano que asegura los ahorros bancarios. Los bancos realizan aportaciones periódicas mediante la compra de bonos que financian esta deuda, generando intereses que, en su mayoría, provienen de estos bonos de protección al ahorro.
Con esta modificación, el gobierno busca disminuir los beneficios fiscales asociados a estas aportaciones. La propuesta forma parte de una estrategia más amplia que pretende incrementar los ingresos del Estado sin recurrir a reformas fiscales estrictas, en un contexto económico que presenta una desaceleración. Aunque aún no se han divulgado todos los detalles, el paquete económico será presentado próximamente y se acompañará de una conferencia para mayor claridad sobre las medidas.
Desde el sector bancario, la reacción ha sido de mayor prudencia, pero la postura oficial indica que se espera la aceptación generalizada, ya que la medida ya está contemplada en la ley de ingresos para el próximo año. La decisión también responde a las críticas sobre los beneficios privilegiados que durante años han recibido los bancos en relación con el pasivo del Fobaproa, un tema que ha reavivado el debate en la agenda pública.
Este cambio se enmarca en una serie de acciones del gobierno para reforzar la recaudación tributaria sin alterar significativamente la carga fiscal a los contribuyentes, promoviendo una política fiscal más equitativa y sostenible en un contexto de retos económicos y financieros.