La presidenta de México reafirma el compromiso de su gobierno con las recomendaciones de la Corte IDH en un caso que remonta a 2007 en Veracruz, con implicaciones sobre derechos humanos y justicia en contextos históricos.
En un acto reciente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su gobierno atenderá las acciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación al caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl víctima de violencia en 2007 en Veracruz. La sentencia, notificada el 16 de diciembre de 2025, responsabiliza al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo agresión sexual, tortura y negligencia en la búsqueda de justicia.
Este caso, que generó atención internacional, refleja problemas arraigados en la impunidad y en deficiencias del sistema judicial mexicano, especialmente en comunidades indígenas donde el acceso a la justicia ha sido históricamente limitado. La Corte IDH ordenó una serie de medidas reparadoras, como investigaciones exhaustivas, atención psicológica para las familias, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, capacitación a funcionarios, y fortalecimiento de instituciones de atención especializada, resaltando la necesidad de una revisión integral de los mecanismos institucionales para evitar que casos similares se repitan.
Es importante contextualizar que la situación de Ernestina Ascencio ocurrió durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en un momento en que la violencia y la violencia sexual en zonas rurales de Veracruz alcanzaron niveles alarmantes. La falta de atención adecuada y la ausencia de interpretación lingüística en los centros médicos complicaron aún más la búsqueda de justicia, dejando heridas abiertas en una comunidad indígena que todavía lucha por reconocimiento y reparación.
La declaración de compromiso por parte del gobierno federal refuerza el papel que juegan las instituciones internacionales en promover las obligaciones de derechos humanos y en impulsar cambios en las políticas nacionales. La resolución también subraya la relevancia de escuchar y atender adecuadamente los testimonios de comunidades vulnerables, en especial aquellas que enfrentan desigualdades estructurales. La promesa de cumplir estas medidas representa un paso importante en la búsqueda de justicia y en la reparación de heridas abiertas por décadas de negligencia institucional.