La reforma constitucional de 2024 establece sanciones severas y refuerza medidas de salud pública contra el consumo y comercialización de vapeadores y sustancias ilícitas.
En una decisión histórica, el Senado de México ha aprobado una reforma constitucional que prohíbe la fabricación, distribución y comercialización de vapeadores en todo el país, reforzando las políticas de salud pública. Desde 2024, quienes infrinjan estas disposiciones enfrentarán penas de prisión de uno a ocho años y multas que alcanzan aproximadamente 226,000 pesos, equivalente a las 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es importante destacar que la posesión y el consumo personal de estos productos no serán considerados delitos, para centrar la atención en la regulación y control del comercio ilícito.
El cambio surge en un contexto donde las autoridades buscan reducir riesgos para la salud, especialmente entre jóvenes y adolescentes, quienes son más vulnerables a los efectos nocivos del consumo de vapeadores y derivados. Estas medidas también incluyen la prohibición del uso y la venta de drogas sintéticas, precursores químicos y sustancias pirógenas, poniendo énfasis en la lucha contra el crimen organizado que controla estos mercados ilegales. Además, la reforma otorga a la Secretaría de Salud mayores facultades para gestionar compras de medicamentos y tecnología médica avanzada, así como incorpora a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en el sistema de salud pública, fortaleciendo la regulación y protección del sector.
El debate en el Congreso mostró divisiones claras: legisladores de Morena y sus aliados argumentaron que la prohibición es un paso para proteger la salud pública, mientras que opositores señalaron que esto puede beneficiar a organizaciones criminales y que una regulación adecuada sería la mejor opción. La oposición, representada por figuras como la senadora Mayuli Martínez Simón, afirmó que regular en lugar de prohibir sería una estrategia más efectiva y que actuar de manera unilateral solo beneficiaría a quienes controlan el mercado ilegal.
Este cambio legislativo refleja la creciente preocupación en México por las implicaciones sanitarias y sociales del consumo de vapeadores, especialmente entre los más jóvenes, y representa un compromiso estatal con reducir la exposición a riesgos peligrosos. A nivel internacional, el control de estas sustancias también forma parte de esfuerzos globales para evitar que productos nocivos alcancen las manos de menores de edad y sean utilizados como precursores en la fabricación de drogas ilícitas.
Como contexto adicional, la tendencia mundial apunta hacia regulaciones cada vez más estrictas en el manejo de productos de nicotina y sustancias químicas peligrosas, en respuesta a aumentos en casos de enfermedades relacionadas con el consumo de vaporizadores y a la alarma social por su uso en entornos escolares y juveniles. La decisión del Congreso mexicano busca alinearse con estos estándares internacionales y fortalecer la protección a la población vulnerable.