Tamaulipas, Tamaulipas. – La controversia sobre la capacidad del Senado para citar a gobernadores o fiscales estatales en relación con operativos federales ha cobrado relevancia. Un reciente posicionamiento argumenta que las acciones coordinadas con el Ejército y la Guardia Nacional caen bajo la jurisdicción federal, lo cual limita las acciones del Congreso de la Unión.
El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente las facultades del Senado, que no incluye la citación de autoridades estatales. Por lo tanto, los requerimientos de información deberían dirigirse al nivel federal, donde residen las instancias con responsabilidad en estos operativos, como la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Los operativos relacionados con el narcotráfico son de competencia federal y son perseguidos por la Fiscalía General de la República. La ley establece que cualquier acción en esta materia debe estar dirigida por autoridades federales, dejando a los estados un rol de apoyo, pero sin capacidad de dirección operativa en estos casos.
Citar a un gobernador o fiscal estatal en asuntos de seguridad nacional desafía el pacto federal y podría minar la soberanía de las entidades federativas. La colaboración entre estados y el gobierno federal es crucial, pero la cadena de mando debe respetarse para mantener el equilibrio entre las distintas competencias.
El Senado, al ejercer su función de control político, debe hacerlo dentro del marco constitucional. La citación de autoridades estatales por actos relacionados con operativos federales carece de fundamento jurídico y debe ser revisada para no contravenir el pacto federal.