La reforma busca modernizar la estructura y funciones de la Armada para fortalecer la seguridad marítima y alinearse con los desafíos actuales.
El Pleno del Senado de la República aprobó formalmente la nueva legislación que regula a la Armada de México, con el objetivo de actualizar la normativa que rige la institución y adaptarla a los retos contemporáneos de seguridad y defensa marítima. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca reforzar la estructura interna, funciones y operatividad de la fuerza naval, garantizando un alineamiento con los compromisos internacionales y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Este marco legal sustituye la ley vigente desde 2021 y contempla cambios en la organización, como la creación de nuevas unidades especializadas en ciberdefensa y tecnologías emergentes, además de una reestructuración de sus mandos militares. Se incorpora también la figura de unidades navales con capacidad de vigilancia y persecución en mar territorial e institucionaliza el ingreso de personal femenino en todos los niveles jerárquicos, promoviendo igualdad de género.
Es importante destacar que la reforma amplía las atribuciones de la Armada en tareas de protección marítima y seguridad aeroportuaria, fortaleciendo su papel en la prevención del delito en el mar y en el resguardo de instalaciones estratégicas. La participación conjunta con la Guardia Nacional en operaciones de coordinación también está contemplada, consolidando la colaboración interinstitucional en la defensa del país.
El debate en el Congreso reflectó diferentes posturas: los legisladores que respaldaron la reforma argumentaron que la estructura responde a nuevas necesidades de protección marítima y defensa; por otro lado, la oposición señaló que se incrementa la presencia militar en tareas civiles y administrativas, lo cual genera preocupaciones sobre el equilibrio de poderes y la participación cívica.
En el marco del contexto mundial, los cambios en la ley de la Armada mexicanas se inscriben en una tendencia global de fortalecer las capacidades navales ante la creciente complejidad geopolítica, la amenaza cibernética y la protección de recursos en alta mar, aspectos críticos para la soberanía y seguridad nacional.