La dependencia incurrió en fallas procesales al no acreditar apoderados y presentar recursos fuera de tiempo, lo que derivó en una millonaria condena. En un fallo reciente, un tribunal federal condenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a liquidar hasta 9,534 millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices (STD), debido a errores en su representación legal y en la gestión de recursos jurídicos. La sentencia, emitida por el juez Gabriel Regis, detalla que la dependencia no pudo acreditar correctamente la personalidad de su representante legal, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, lo que afectó la validez de su defensa en un proceso de pago por contratos de tecnología de espionaje. Los antecedentes indican que STD, vinculada a José Susumo Azano, reclamó el pago de 13 facturas, relacionadas con contratos firmados entre 2010 y 2012, en plena administración de Enrique Peña Nieto. La Sedena, que rescindió esas obligaciones desde hace años tras investigaciones por la PGR, negó las reclamaciones, pero en su respuesta incurrió en errores jurídicos graves. Específicamente, el incumplimiento en acreditar la representación legal de sus apoderados llevó a que el tribunal declarara dicha autoridad en rebeldía en marzo de 2024. Al apelar la decisión, la dependencia cometió una segunda falta: presentar un recurso fuera de tiempo, lo que fue ratificado por un Tribunal Colegiado en julio de 2024. La acumulación de errores impidió que la Sedena pudiera defenderse, y el fallo se volvió definitivo en agosto del mismo año. La condena, que incluye actualización de cifras y accesorios, refleja un monto que supera ampliamente las obligaciones pendientes. Este caso destaca la importancia de los procesos legales adecuados en instituciones públicas, especialmente en temas sensibles como contratos de tecnología de espionaje. Además, contextualiza la relevancia de mantener procedimientos administrativos y judiciales rigurosos en la responsabilidad fiscal y legal de las
