La propuesta legislativa podría afectar la operación de minas y la economía de millones en México, alertan las organizaciones del sector.
El sector minero mexicano expresa su preocupación por una modificación reciente en la legislación que regula el uso de agua, argumentando que las nuevas disposiciones podrían poner en riesgo la continuidad de las operaciones mineras y la seguridad del suministro de minerales estratégicos. La iniciativa busca ajustar las políticas sobre gestión hídrica, pero críticos señalan que no toma en cuenta las especificidades geográficas y técnicas del país, lo cual podría frustrar proyectos en zonas con cuencas naturales.
En un contexto donde el uso del agua en la minería representa menos del 0.3% del recurso concesionado en México, las asociaciones del ramo destacan que, en comparación, la agricultura y el suministro público consumen la mayor parte del agua disponible. Además, subrayan que la minería formal opera bajo estrictos lineamientos ambientales y de manejo de residuos, diseñados para garantizar la protección de los recursos naturales.
Las organizaciones advierten que aceptar interpretaciones generales sin un análisis técnico adecuado puede volver inviables numerosos proyectos mineros, especialmente en regiones con características topográficas complejas. Por ello, llaman a los legisladores a diseñar una regulación que contemple mecanismos claros para la gestión, confinamiento de residuos y protección del medio ambiente sin perjudicar la competitividad ni el desarrollo económico del sector.
Asimismo, recuerdan que el acceso al agua es un derecho fundamental y que la regulación, para ser efectiva, debe buscar un equilibrio entre la protección de los recursos y la continuidad de actividades productivas. La propuesta, en su actual forma, podría limitar la inversión en minerales críticos en un momento en que la demanda global por estos recursos está en aumento, fundamental para energías renovables y cadenas industriales estratégicas.
La discusión en el Congreso requiere incorporar análisis técnicos detallados sobre la disponibilidad hídrica y mecanismos de supervisión que permitan una gestión eficiente. Solo así será posible mantener el desarrollo minero sin afectar los derechos de los comunidades ni la conservación del medio ambiente, asegurando un crecimiento sustentable en México.