La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consolidó la deuda fiscal de las empresas del grupo, permitiendo al SAT emitir un requerimiento formal de pago en 2026.
En enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) procederá a formalizar un requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos dirigido a diversas empresas del Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. La decisión se basa en una resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que confirmó la legalidad de créditos fiscales dictados entre 2013 y 2018 relacionados con la incorrecta aplicación de pérdidas fiscales en el cálculo del Impuesto sobre la Renta durante los ejercicios de 2008 a 2013.
Este proceso legal tuvo su origen en resoluciones administrativas que fueron impugnadas en tribunales administrativos y federales, donde las instancias judiciales respaldaron la validez de los créditos fiscales. La SCJN, tras analizar las recusaciones y recursos presentados, desestimó las alegaciones contra la deuda en noviembre de 2025, consolidando así la obligación de pago por parte de las empresas del grupo.
El ejercicio del cobro forma parte de un marco regulatorio que busca fortalecer la recaudación y garantizar la equidad fiscal. El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, precisó que una vez emitido el requerimiento, las empresas podrán acceder a descuentos del 39% en sus adeudos, dependiendo de las modalidades de pago. La importancia de esta acción radica en la tendencia creciente de fiscalización y recaudación por parte de las autoridades mexicanas, en un contexto de mayor apoyo a la autoridad tributaria y lucha contra la evasión.
Durante su intervención, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que todo el proceso ha sido llevado a cabo en términos jurídicos y administrativos, descartando motivaciones políticas y destacando que se activarán mecanismos legales en caso de incumplimiento. Además, solicitó a las dependencias fiscales que mantengan informada a la ciudadanía sobre los avances del caso, garantizando transparencia y correcto seguimiento institucional.
Este caso refleja la importancia de fortalecer los mecanismos legales y administrativos para la recuperación de recursos en un entorno donde la fiscalización es clave para el equilibrio presupuestal. La resolución reafirma la independencia del Poder Judicial y la autoridad fiscal en la lucha contra la evasión y el incumplimiento fiscal en el país.