La polémica ampliación judicial en Santa Cruz generó una crisis institucional con dos cortes presididas por distintos jueces, en medio de recortes y conflictos políticos.
En un proceso acelerado, la provincia de Santa Cruz duplicó su máximo tribunal judicial, creando dos cortes supremas con presidencias distintas en un corto período. La expansión, impulsada por iniciativas gubernamentales, llevó a la incorporación de nuevos jueces sin pasar por procesos de audiencias públicas ni controles tradicionales, lo que generó una disputa legal y política interna. Mientras algunos integrantes del tribunal echo a andar la legalidad de los nombramientos, otros miembros rechazaron las designaciones y tomaron decisiones para destituir a los nuevos jueces.
Este escándalo se da en un contexto de profunda crisis económica en Santa Cruz, una de las provincias más afectadas por los recortes presupuestarios y una deuda provincial que supera los 20 mil millones de pesos, financiada en parte por créditos del Banco de Santa Cruz, controlado por una familia vinculada a sectores políticos tradicionales. La tensión interna se agravó por las recientes medidas que redujeron en un 45% el presupuesto del poder judicial, complicando aún más la administración de justicia en la provincia.
Para comprender la situación, es importante considerar que estos conflictos no solo reflejan una disputa legal, sino también un enfrentamiento de intereses políticos que involucra el control del poder judicial regional. La ampliación de la corte y los nombramientos exprés evidencian una intención de fortalecer posiciones cercanas al gobierno provincial, en detrimento de sectores vinculados al kirchnerismo. La controversia continúa en un marco de crisis institucional y desafíos económicos que mantienen a Santa Cruz en una situación precaria.