La propuesta de presupuesto federal reduce recursos para programas de salud mental, en un contexto de aumento en la demanda de atención tras un incidente escolar en Ciudad de México.
La reciente tragedia ocurrida en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, donde un estudiante fue asesinado por un compañero, ha reavivado la discusión sobre la necesidad de fortalecer los servicios de apoyo psicológico en las instituciones educativas. Aunque las autoridades expresaron su compromiso de mejorar la atención a la salud mental en las generaciones jóvenes, los datos presupuestarios indican otra realidad para 2026.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone reducir en casi 91 millones de pesos la inversión en programas relacionados con la salud mental, en comparación con el año anterior. La asignación pasaría de 3,58 mil millones a poco más de 3,49 mil millones, lo que representa una disminución del 13.8% respecto a 2024. Esta disminución contrasta con la relevancia que ha cobrado la atención a la salud emocional de los estudiantes en los últimos meses, especialmente tras incidentes que reflejan un aumento en las condiciones de violencia y entornos de riesgo en las escuelas.
Expertos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señalan que, pese a los discursos oficiales, el presupuesto destinado a la salud mental sigue siendo insuficiente. La comunidad educativa y activistas demandan inversiones más sustanciales que permitan ampliar los servicios de apoyo, prevenir casos de violencia y atender el impacto psicológico en los jóvenes.
El caso en el CCH Sur evidenció las consecuencias de la falta de recursos adecuados en la atención preventiva y de emergencia, generando una mayor preocupación social por la vulnerabilidad de los estudiantes. En respuesta, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó el trabajo de fortalecer la atención psicológica en los jóvenes, aunque los recursos aún no reflejan esa prioridad en el presupuesto federal.
Este escenario plantea la necesidad de revaluar las prioridades en el gasto público para lograr una respuesta efectiva a la salud mental, que es clave para reducir riesgos de violencia y favorecer el bienestar de las nuevas generaciones en un contexto social cada vez más complejo.