La extorsión en México ha alcanzado niveles alarmantes, requiriendo una intervención efectiva y conjunta de los distintos niveles de gobierno. Rubén Moreira Valdez, diputado federal por Coahuila, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, destacando la necesidad de fortalecer acciones de prevención y combate a este delito que afecta gravemente la seguridad pública y la economía.
Moreira, quien es coordinador del grupo parlamentario del PRI, subrayó que la extorsión se ha transformado en una carga que perjudica el desarrollo económico de familias y negocios. Argumentó que las consecuencias de este fenómeno no solo son económicas, sino que también amenazan la estabilidad de comunidades al generar miedo e inseguridad, provocando que muchas víctimas deban cambiar sus actividades o incluso abandonar sus hogares.
Las estadísticas confirman este problema en aumento. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias de extorsión aumentaron de 8,734 en 2019 a 10,227 en 2024, alcanzando en 2025 un récord con 11,081 víctimas. Este crecimiento resalta la urgencia de políticas efectivas para mitigar el impacto de la extorsión, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 99% de las unidades económicas del país.
El legislador hizo un llamado a las autoridades estatales y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que intensifiquen sus esfuerzos en las áreas más afectadas. Propuso que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales refuercen sus capacidades para investigar y perseguir a los grupos criminales, así como implementar mecanismos que faciliten el intercambio de información y la desarticulación de estas organizaciones.
Para enfrentar esta situación, Moreira sugirió que se amplíen las campañas que promueven la denuncia ciudadana y que se ofrezcan acompañamiento y asesoría a las pequeñas empresas. Para lograr un avance real, propuso la creación de una política integral que brinde protección a las víctimas y reduzca la impunidad en el país. Esta tarea, concluyó, es una responsabilidad compartida que debe ser atendida para garantizar un entorno seguro para todos los mexicanos.
Con información de vanguardia.com.mx