La transición en los juzgados federales de la Ciudad de México presenta vacantes y falta de estructura, afectando la administración de justicia. La puesta en marcha del nuevo esquema del Poder Judicial en la Ciudad de México enfrenta significativos desafíos en su operatividad. Mientras algunos magistrados y juzgadores electos estaban previstos para comenzar funciones desde septiembre, la mayoría aún no recibe sus asignaciones oficiales, generando un retraso en la atención de casos urgentes. La falta de estructura completa en tribunales clave, con solo un pequeño porcentaje operando con su dotación completa, refleja una transición con múltiples dificultades. Diversos profesionales judiciales explican que cerca del 50% de los juzgadores ha abandonado sus cargos tras la reforma, ya sea por jubilación, renuncias o desacuerdo con el proceso. Esto ha provocado un aumento en las vacantes, que actualmente superan el 50% en varias unidades judiciales, provocando inestabilidad y dudas sobre la certeza jurídica de los procedimientos en curso. La incertidumbre también se agrava por las limitaciones en la emisión de acuerdos por parte de los secretarios en funciones, lo que retrasa aún más la gestión judicial. Este proceso de cambio, aunque necesario para una modernización del sistema, evidencia que la transición puede generar vacíos y caos si no se planifica con mayor anticipación. La experiencia internacional sugiere que una adecuada planificación, acompañada de recursos y capacitación, es clave para garantizar una transición eficaz y que la justicia llegue de manera oportuna y transparente a la población.
Temas: