Legisladores de oposición cuestionan la demora en la presentación del documento por parte de Hacienda, que apunta a negociaciones técnicas y de presupuesto.
El plazo para que la Secretaría de Hacienda entregara formalmente el Paquete Económico 2026 ante la Cámara de Diputados expiró este 8 de septiembre. Sin embargo, la dependencia solicitó varias horas adicionales, llegando al máximo permitido alrededor de las 22:30 horas. La demora generó preocupación en los legisladores de oposición, quienes calificaron la actitud de la Secretaría como una muestra de improvisación y falta de formalidad en un asunto crucial para la discusión presupuestaria del próximo año.
La entrega del documento, que debe ser revisado por las cámaras del Congreso, fue reprogramada hasta las 23:30 horas, solo media hora antes del cierre del plazo legal. La situación desató críticas, especialmente del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que exigió mayor transparencia y la comparecencia del gabinete para explicar la causa de la demora y el estado del proceso.
Se especula que la demora puede estar relacionada con negociaciones técnicas, particularmente en torno a temas financieros complejos, como la discusión sobre la deducibilidad del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Varias fuentes señalaron que esto pudiera estar vinculado a acuerdo con bancos sobre aspectos fiscales y de financiamiento, en momentos en que la economía nacional enfrenta desafíos importantes.
Una contextualización relevante es que este retraso refleja la tensión habitual en los procesos presupuestarios, especialmente en periodos donde temas económicos delicados, como la fiscalización bancaria y las finanzas públicas, están en la agenda. La forma en que se gestione esta situación será decisiva para mantener la confianza en las instituciones y en la transparencia del proceso legislativo.
Los próximos días serán cruciales para evaluar si el gobierno y las fuerzas parlamentarias logran coordinarse para aprobar el paquete sin contratiempos que puedan afectar la aprobación del presupuesto del siguiente año.