La presencia de la presidenta en zonas afectadas refleja cambios en la estrategia, pero persisten cuestionamientos sobre la efectividad de la respuesta gubernamental. En octubre, los embates de lluvias torrenciales afectaron significativamente varios estados del país, exponiendo deficiencias en la respuesta de los gobiernos federal y locales. La visita de la presidenta de México a las zonas devastadas intentó mostrar una imagen de apoyo y control, pero en algunos lugares se evidenció que las acciones planificadas aún no logran contener la magnitud de la tragedia. La respuesta gubernamental fue criticada por su aparente falta de previsión y por las distracciones en la atención, como los reclamos populares y la gestión de la comunicación oficial. Por otro lado, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, generó controversia al minimizar el impacto del desastre, atribuyendo las inundaciones a un pequeño desborde de río, a pesar de las evidencias en el terreno que indicaban una gravedad mayor. Además, intentó desacreditar a los afectados al señalar que algunos reclamos fueron agravados por grupos que, según su versión, llegaron a perturbar la visita de la mandataria. Estas declaraciones evidencian una problemática en la gestión y comunicación ante crisis, afectando la confianza ciudadana en las instituciones. Es importante contextualizar que estas lluvias intensas ocurrieron en una temporada en la que las alertas meteorológicas advertían sobre riesgos elevados, pero las respuestas institucionales no lograron anticiparse ni mitigar la pérdida de vidas humanas ni los daños materiales. La tragedia evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana, coordinar de manera efectiva a todos los niveles de gobierno y mejorar la comunicación con la ciudadanía para responder con mayor eficacia ante emergencias climáticas. En el ámbito político, la gestión de estas crisis puede influir en la percepción pública del gobierno federal y los estados gobernados por Morena,
