La salida de Pablo Cortese se produce en medio de polémicas por la importación y regulación de vacunas brasileñas, enfrentamientos con laboratorios y la influencia de Sigman en el sector sanitario animal.
En un giro importante en la política sanitaria del sector animal, Pablo Cortese presentó su renuncia al cargo de presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) tras una serie de disputas que evidencian la influencia de importantes actores del mercado en la regulación de vacunas contra la fiebre aftosa. Cortese, un técnico con más de 30 años en el organismo, asumió el liderazgo durante la gestión de Javier Milei y buscó promover la apertura del mercado, incluyendo la autorización de importaciones desde Brasil. Sin embargo, sus decisiones generaron resistencia por parte de laboratorios nacionales, particularmente Biogénesis Bagó, que cuestionó la seguridad y controles de esas importaciones.
La tensión escaló después de que el laboratorio Ourofino, productor de una vacuna brasileña, fuera importada y comercializada en Argentina, lo que provocó advertencias y acciones legales por parte de Sigman, un influyente empresario en el rubro farmacéutico animal. Sigman, que ha dirigido desde 2001 un potente negocio en el sector y mantiene una fuerte postura contra la entrada de vacunas brasileñas, utilizó medios políticos y legales para presionar contra las decisiones del organismo. Esto incluyó comunicaciones formales y críticas públicas, además de estar vinculado con sectores políticos que apoyan la postura de Sigman.
La polémica no solo refleja disputas comerciales, sino también la influencia de actores económicos en decisiones regulatorias que impactan la sanidad y protección del sector ganadero. La salida de Cortese se enmarca además en un contexto donde se busca limitar la entrada de vacunas de Brasil, en un escenario donde las alianzas políticas y empresariales parecen definir las políticas públicas relacionadas con el control sanitario en Argentina.
Este conflicto pone de manifiesto la tensión entre liberalización del mercado y protección de los productores nacionales, en un momento donde la agenda del gobierno está influenciada por intereses económicos de grupos poderosos. La situación también involucra a otras figuras del entorno político y empresarial que buscan consolidar su influencia en sectores estratégicos del país.