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Reimprimir las boletas en provincia cuesta 14 mil millones y ya está en trámite

La Justicia confirma que no se reimprimirán las boletas en la provincia, por un costo de 14 mil millones y por estar el proceso "precluido", limitando cambios en pleno proceso electoral.

Por Redacción1 min de lectura
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La Justicia confirma que no habrá reimpresión de las boletas electorales, ante el alto costo y la aprobación previa por la Junta Electoral, complicando cambios en plena campaña.

En medio de una crisis política por la posible exclusión de José Luis Espert de las listas electorales, las autoridades judiciales han determinado que no se realizará una reimpresión de las boletas en la provincia. Este fallo se fundamenta en que el proceso ya está “precluido”, lo que implica que los cambios no son posibles dado el cumplimiento de los plazos legales establecidos por la ley electoral. La decisión surge en un contexto donde la postulación del economista enfrenta fuertes cuestionamientos relacionados con vínculos judiciales y presuntos vínculos con actividades ilícitas, lo que generó una serie de explicaciones que no lograron convencer a todos los actores políticos y judiciales.

La opción de retirar a Espert de la boleta plantea un costo económico estimado en aproximadamente 14 mil millones de pesos, dinero que sería difícil justificar en un escenario de austeridad fiscal en medio de un proceso de recortes presupuestarios. La infraestructura de impresión y distribución de papeletas es ahora un escenario cerrado, ya que solo se realizarán reemplazos por errores comprobados en los talonarios ya entregados, a partir de las boletas que los propios juzgados han comenzado a recibir. La totalidad de las papeletas se tendrá en la provincia la próxima semana, consolidando la imposibilidad de modificar el material ya aprobado. La Justicia reafirma que no procederán más cambios, dando por cerrada esa etapa electoral.

Este escenario refleja la complejidad de gestionar los procesos electorales en tiempos de crisis política, donde los costos y los plazos legales limitan las acciones destinadas a garantizar la legalidad y la transparencia. La situación de Espert ejemplifica cómo las controversias judiciales pueden afectar toda la estructura electoral y la percepción pública del proceso democrático, en un momento en que la estrategia de la participación y las alianzas políticas están bajo intensa presión.

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