La nueva regulación obliga a personas morales y entes públicos a realizar el trámite en centros de atención, garantizando mayor control y seguridad en la vinculación de líneas telefónicas.
A partir del 11 de diciembre de 2025 y hasta el 8 de enero de 2026, las compañías de telefonía móvil en México implementarán una serie de cambios en los procesos para vincular los números telefónicos con datos personales, asegurando mayor control y protección de la información del usuario. Los usuarios deberán ser informados con anticipación sobre los requisitos y modalidades para realizar este trámite, con la opción de hacerlo de manera remota o presencial, según el caso.
El reglamento especifica que las entidades públicas y personas morales están obligadas a gestionar la vinculación presencialmente en los centros de atención, presentando documentación que acredite su razón social, RFC, identificación de su representante legal y el nombramiento correspondiente. Para las personas físicas, los documentos aceptados serán la credencial de elector, pasaporte y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Además, los extranjeros que contraten líneas móviles podrán identificarse con su pasaporte, país de origen y nombre.
Este cambio en la normativa surge en un contexto global en el que la legislación busca fortalecer la seguridad en el uso de servicios digitales, reducir fraudes y proteger datos personales frente a posibles amenazas. La regulación también responde a estrategias internacionales para combatir delitos cibernéticos y garantizar transparencia en el manejo de información personal vía telefónica.
Estas modificaciones representan una mayor formalización de los procesos de vinculación, promoviendo que las verificaciones se efectúen en presencia para organismos públicos y grandes usuarios. La normativa busca reducir incidentes relacionados con la suplantación de identidad y facilitar procesos de control en el uso de líneas telefónicas, que trasladan cada vez más ámbitos de la vida cotidiana.
Desde el punto de vista del usuario, esta medida implica mayor control sobre quién puede registrar o desvincular líneas, en línea con tendencias globales de protección de datos. Aunque la obligatoriedad de acudir físicamente puede generar inconvenientes, se enfatiza que las empresas también ofrecerán alternativas digitales para facilitar trámites y reducir desplazamientos.
Por otra parte, la regulación puntualiza que las compañías deben publicar en sus sitios web los enlaces y plataformas para gestionar las vinculaciones, además de habilitar todos sus centros de atención para realizar los procedimientos en modalidad presencial. Con estas acciones, se busca mejorar la transparencia y facilitar el acceso a los servicios, en línea con las políticas de protección a la ciudadanía.
Este proceso se enmarca en un contexto en el que la legislación mexicana busca ofrecer mayor seguridad y certeza jurídica en la gestión de información personal, en respuesta a la expansión del uso de servicios digitales y la creciente interacción en el mundo tecnológico.