La oposición señala que cambios en las leyes limitarán derechos colectivos y fortalecerán la protección de intereses gubernamentales y empresariales.
El Senado de México inició el debate sobre las modificaciones propuestas a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las reformas buscan, en teoría, fortalecer la protección del Estado frente a abusos y retrasos en procedimientos fiscales y administrativos, pero han generado una fermenta crítica entre legisladores y sectores sociales. La principal controversia gira en torno a una redefinición del concepto de interés legítimo, que algunos consideran que restringirá gravemente la capacidad de colectivos y comunidades para defender sus derechos frente a actividades contaminantes, desforestación o violaciones a derechos humanos y ambientales. Expertos en derechos humanos y grupos ambientalistas advierten que estas reformas pueden congelar la protección a causas sociales y ambientales, limitando el acceso a mecanismos efectivos de defensa. Los legisladores opositores expresaron que estas modificaciones representan un retroceso en la protección de derechos fundamentales y abren la posibilidad de que los poderosos evadan justicia, beneficiándose de restricciones en el uso del amparo. Por su parte, legisladores del oficialismo argumentan que las reformas buscan evitar abusos y mejorar la eficiencia del sistema judicial, asegurando que recursos y acciones no se usen con fines políticos o económicos. Además, señalan que el cambio en los procedimientos fortalecerá la capacidad del Estado para recuperar recursos fiscales pendientes, preservando servicios públicos y derechos sociales esenciales. La discusión continúa en el marco legislativo, con un amplio debate sobre los límites entre protección ciudadana y eficiencia administrativa.