Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación con la Ley General de Aguas en un plazo de 180 días, reforzando la gestión y protección del recurso hídrico en México.
En un esfuerzo por modernizar y fortalecer la gestión hídrica en México, se han establecido cambios legislativos que demandan la armonización de las leyes estatales con la Ley General de Aguas en un período máximo de 180 días desde su publicación. Este plazo obliga a las entidades federativas a ajustar sus normativas para cumplir con nuevas obligaciones, principalmente relacionadas con la protección del derecho humano al agua, la gestión de recursos y la regulación de sistemas de captación pluvial.
Las reformas refuerzan el papel de los gobiernos estatales y locales en la formulación y evaluación de políticas prioritarias, promoviendo enfoques de género, derechos humanos y participación social en temas de agua y saneamiento. Además, establecen que sea obligatorio promover la instalación de sistemas de captación pluvial en viviendas y edificios públicos, de acuerdo con características físicas y catastrales, y fomentar su integración en códigos de construcción.
Un aspecto destacado es la ampliación de funciones para los estados en áreas de investigación, educación y cultura del agua, alineando acciones con metas nacionales para reducir la contaminación y optimizar el uso de este recurso vital. También se refuerza la responsabilidad de los organismos estatales en gestionar, operar y mantener infraestructura auxiliar, además de coordinarse estrechamente con la Federación para preservar los cuerpos de agua y evitar su contaminación.
Esta iniciativa legislativa responde a la creciente necesidad de garantizar un acceso equitativo y sustentable al agua en un contexto de cambio climático y aumento de la demanda. La incorporación de obligaciones claras y plazos definidos busca fortalecer la inclusión de los actores sociales y mejorar la gestión del recurso hídrico en todos los niveles de gobierno, promoviendo un manejo más responsable y articulado.