La modificación del marco legal busca fortalecer controles aduaneros, modernizar procesos tecnológicos y reducir la evasión fiscal en México.
En un proceso que evidenció la persistente problemática en los controles aduaneros del país, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Aduanera con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal. Las modificaciones, que consisten en la revisión de 65 artículos, la incorporación de 44 nuevas disposiciones y la eliminación de nueve, buscan modernizar los sistemas tecnológicos y aumentar la transparencia en las operaciones aduaneras.
Estas reformas surgen en un contexto donde se ha detectado la entrada ilegal de combustibles y otros productos sin ser detectados por las autoridades, revelando fallas en el control y la supervisión aduanera. Entre los principales cambios está la creación de un Consejo Aduanero conformado por diversas dependencias, el fortalecimiento de la certificación de agentes aduanales y la implementación de mecanismos que aseguren la identificación y verificación de las mercancías en toda la cadena logística.
Una de las medidas más relevantes es la eliminación del carácter vitalicio de las patentes aduanales, estableciendo en su lugar certificaciones periódicas y requisitos más rigurosos para quienes operan en estos roles. Además, los agentes aduanales ahora serán responsables solidarios de garantizar que los importadores y exportadores cumplan con la normativa vigente, además de verificar que sus operaciones tengan respaldo legal y fiscal.
Diferentes partidos políticos mostraron opiniones divididas respecto a los cambios, con algunos proponiendo modificaciones adicionales, aunque la tendencia general apunta a fortalecer las capacidades del sector aduanero. La reforma también apunta a aprovechar la tecnología digital y automatización para hacer más eficiente el control y reducir prácticas ilícitas en las operaciones internacionales.
Su importancia radica en que una aduana eficiente y transparente es clave para la seguridad económica y fiscal del país, y configura un paso hacia la modernización del comercio exterior en México, incluyendo esfuerzos por combatir el delito organizado relacionado con el contrabando y el huachicol.