Tapachula, Chiapas. – Especialistas y defensores de derechos humanos han denunciado que las reformas constitucionales implementadas en México durante las últimas décadas han funcionado como un mecanismo legal para el despojo de territorios y la militarización de comunidades indígenas. Esta crítica surge en el contexto del 32 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Durante el semillero denominado “Pirámides, de historia, de amores y, claro, desamores”, la abogada Bárbara Zamora señaló que las modificaciones legislativas en materia agraria, minera e hidrocarburos han priorizado los intereses de las sociedades mercantiles por encima de los derechos históricos de los pueblos originarios. Zamora, quien previamente asesoró al EZLN en los Acuerdos de San Andrés en 1996, explicó que muchas de las reformas actuales presentan una “doble cara”: aparentan otorgar derechos, pero en realidad eliminan protecciones previamente establecidas. Subrayó que las leyes vigentes favorecen la expropiación de tierras para la construcción de megaproyectos, como trenes, carreteras y desarrollos turísticos, desplazando el uso tradicional de la tierra. Asimismo, la experta alertó que la asignación de tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas ha propiciado la construcción masiva de cuarteles. Esta situación, según Zamora, “destruye el tejido social” y eleva el riesgo de desplazamiento forzado en las comunidades. “La ley solo se aplica al pueblo; quienes están en el poder la ignoran o modifican de acuerdo a sus intereses”, sentenció la jurista, quien abogó por la redacción de una nueva Constitución enfocada en el ser humano y las libertades, en lugar de la propiedad privada. Por su parte, Eduardo Almeida y Tamara San Miguel, representantes del Nodo de Derechos Humanos, criticaron el uso del discurso oficial para “folclorizar” a los pueblos indígenas, mientras se justifica la explotación laboral y el despojo territorial. Almeida describió la estru
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